La nueva ley de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública es sin duda es un avance para la sociedad civil, ya que entre otras cosas reconoce el derecho de asociación de todas las personas y la facultad de crear asociaciones que expresen la diversidad de intereses sociales e identidades culturales. Los ministerios y servicios públicos tienen seis meses para dictar su respectiva norma de aplicación general.
Con la recién promulgada Ley Nº 20.500, sobre “Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública” culmina un largo ciclo que comenzó en 2004 con la participación de decenas de organizaciones, entre ellas la plataforma de ONGs ACCION. Y se inicia otro. El nuevo ciclo, previo a su plena vigencia, es responsabilidad del ejecutivo y está destinado a definir el reglamento que debe velar por su adecuada implementación y aplicación en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, organizados y no organizados y del mejoramiento de los procesos democráticos de la institucionalidad pública chilena.
Durante el debate de esta Ley, ACCIÓN siempre insistió en que la participación es un tema más amplio vinculado a la profundización de la democracia, lo que implica un bloque de reformas a la Constitución, al sistema binominal y a otras iniciativas que contribuyan de manera efectiva a aumentar la participación y a redistribuir el poder. Por lo tanto esta Ley, aunque representa un avance, es insuficiente.
Para garantizar el derecho de asociación, la Ley reconoce un conjunto de principios y normas generales, crea un registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro, el estatus de organizaciones de interés público y un fondo al que podrán acceder bajo condiciones de transparencia e igualdad. Además, reconoce normas sobre el voluntariado y sus organizaciones.
Por otra parte, la Ley homogeneiza el estatuto jurídico de las organizaciones facilitando la constitución, modificación y disolución voluntaria de corporaciones y fundaciones, y entregando a estas el control autónomo de estas actuaciones.
El nuevo régimen asociativo está concebido en forma descentralizada, radicando en el municipio la constitución de toda asociación con personalidad jurídica, estableciendo en el Registro Civil el registro público único de los principales actos de la vida civil de las organizaciones y manteniendo en el Ministerio de Justicia atribuciones de fiscalización.
Por otra parte, la ley introduce el principio de participación ciudadana en la gestión pública y concreta algunas formas de dicha participación en los órganos del Estado, a través de normas generales destinadas a ese propósito, el ejercicio del derecho a la información, la práctica de cuentas públicas anuales y la creación de consejos consultivos de organizaciones de la sociedad civil.
La nueva Ley modifica también aspectos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, introduciendo consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil en reemplazo de los Cescos (consejos económicos y sociales comunales).
Se reconoce a toda organización y, en especial, a las organizaciones comunitarias el derecho a federarse y confederarse en los niveles regional y nacional.
La completa y efectiva vigencia de esta ley está prevista para dentro de los doce meses siguientes a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial, plazo que la misma ley señala para implementar las disposiciones permanentes de la ley referidas a las reformas del régimen asociativo. A su vez, la Ley concede un plazo de seis meses para que los ministerios y servicios públicos dicten su respectiva norma de aplicación general que establecerá modalidades específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones.
Más allá de los contenidos de esta normativa, cuyos orígenes se remontan al año 2004, llama la atención la prácticamente nula publicidad dada por el Gobierno y los políticos en general a la promulgación y entrada en vigencia de esta ley, que regula materias de gran relevancia para el mejoramiento de la calidad de los procesos democráticos de deliberación y acción del Estado, y que consideran formas de participación de ciudadanas y ciudadanos en la gestión pública.
Es de esperar que en este período de definición del reglamento, el Ejecutivo se allane a recibir sugerencias de las organizaciones ciudadanas y escuche sus aprehensiones, sugerencias y comentarios para que su aplicación práctica responda a las necesidades de la sociedad civil, y no se transforme en una ley muerta incapaz de hacerse cargo de la urgencia de más y mejor democracia. Al menos en ACCION estamos trabajando para ello.
