Un nuevo anuncio hizo el gobierno antes de fiestas de Navidad y Año Nuevo, y cuando nos acercamos al segundo año de la catástrofe del 27 de febrero de 2010. De la mano de Felipe Kast, que ha asumido la función de “Encargado para la erradicación de campamentos”, se dio partida a la implementación de un fondo de 1200 millones de pesos para el pago de subsidios de arriendo, los que durarán sólo tres meses para cada familia. En su presentación, el gobierno señala que ésta será una medida paliativa a la espera de reconstrucción, la que empezaría en 2012 (ahora sí que sí, dice).
El anuncio sucede mientras el gobierno declara cerrada (el 29 de diciembre) la postulación a subsidios para damnificados por el terremoto/maremoto y antes de que se den a conocer las asignaciones definitivas de subsidios, cuyo plazo termina el próximo 20 de enero. Según ello, la respuesta a los problemas de vivienda de los damnificados queda de esta forma definitivamente resuelta, aunque solamente en una fase nominal.
A la prisa y sin previo aviso por parte del gobierno, se utilizará esta política de subsidios de arriendo dirigida a los damnificados en campamentos. Esto puede crear ilusiones de avance, al menos como una buena solución momentánea para quienes viven en mediaguas. De hecho, es difícil encontrar a algún político que haga críticas a su implementación. Sin embargo, ésta como otras iniciativas del Estado, operan bajo la lógica de las políticas capitalistas de acumulación.
Con la intención de abrir una discusión que ayude a esclarecer la lógica de violencia y segregación contra la población por parte del Estado, entregamos en 2 partes algunos problemas para el análisis de esta medida en el marco de la reconstrucción pos terremoto. La primera parte revisa el concepto de reconstrucción y su estado de avance; y en la segunda parte -que publicaremos posteriormente en otra nota-, se aportará algunas reflexiones sobre el propósito de la política de arriendos y la utilización de la catástrofe como oportunidad para agudizar la “guerra” por la tierra del capital contra la población, caracterizada particularmente por la implementación de la política de “seguridad"/represión.
1.-“Política de Reconstrucción”, un concepto contradictorio
Antes de referirnos al tema de arriendos, es necesario esclarecer algunas ideas respecto de la política de reconstrucción, traducida en un financiamiento y en un programa de emergencia. Los dineros en uso actualmente para reconstrucción, no resultan de un fondo tan “especial” ni son el producto de una auténtica legislación que se ponga a la altura del impacto de uno de los terremotos más grandes del mundo. Queremos decir más: al Estado actualmente no le interesa implementar verdaderas políticas de emergencia social para afrontar esta ni cualquier otra catástrofe. En general, podemos afirmar que la política de reconstrucción del gobierno en vivienda no es más que la administración de los fondos sociales ya existentes, es decir, que son relativamente los mismos fondos (las mismas instituciones y más o menos el mismo número de funcionarios) que cada año destina el Estado a vivienda social en condiciones de normalidad.[1] No ha existido en rigor una “política de catástrofe”, sino que se han adaptado los procedimientos para asignar recursos a este efecto. Sus “Programas de Reconstrucción” son financiados con el fondo de reconstrucción, creado a partir de un decreto y de tres leyes.[2]
Quizás es por esta misma liviandad que el gobierno pareciera estar constantemente improvisando, como ocurrió con el puente peatonal de Curanipe, exhibido como símbolo de la reconstrucción y que tuvo un valor de algo más de 47 millones, pero que se cayera literalmente soplado por el viento en diciembre pasado, antes de ser inaugurado.
Pero, al contrario de esta suerte de indolencia, podemos asegurar que el evento sísmico del 27 de febrero sí fue una catástrofe: causó un daño masivo a una extensa población que abarca varias regiones (tres al menos) y, sobre todo, a los más desvalidos; daños que se expresaron en obras viales, servicios, producción y, sobre todo, vivienda. Los que hoy alojan en campamentos, pertenecen a la población más vulnerable y, a la vez, eran los que habían sido llevados a vivir a los sectores más inseguros, como en este caso resultaron ser algunos barrios sociales construidos en bordes costeros. Lo absurdo es que, sin embargo, estas verdaderas trampas mortales permitieron a las empresas inmobiliarias amasar buenas y seguras sumas por concepto de construcción de viviendas sociales, financiadas por el Estado. Por ejemplo, a fines de los ’90 en Talcahuano, tuvo cierta repercusión una discusión municipal acerca de la inconveniencia medioambiental de autorizar la construcción en el borde costero del sector Las Salinas. A pesar de las opiniones científicas que advertían lo inapto del suelo y el gran riesgo de inundaciones, pudieron más los proyectos de barrios sociales junto al mar, los que finalmente se transformaron en poblaciones como San Marcos y Santa Clara, arrasadas por el tsunami con el costo de decenas de vidas. Otra vez los más pobres justificaban y pagaban a los más altos costos esos malos proyectos habitacionales que, en cambio, solamente arrojaban ganancias extras a un sector ya enriquecido. ¿Y qué hizo el Estado al respecto? Nada.
El terremoto deja muchas dudas acerca de la política del Estado en materia de protección de los más pobres, puesto que no queda claro si la “política de reconstrucción” reconoce de manera efectiva a las víctimas y, en particular, a esa parte significativamente dañada que son los erradicados pos terremoto en campamentos de emergencia, que según cifras oficiales son casi tres mil trescientas familias, que se suman a las aproximadamente 25 mil familias ya existentes en campamentos.
Y es que la nula existencia de una política completa y excepcional para reconstrucción tiene un significado concreto en la definición de “damnificado”. Considerando la debilidad de esta política, más allá del discurso formal del gobierno y de la implementación de ciertas medidas de reconstrucción, podemos concluir que el damnificado del 27 de febrero es un individuo cuya condición particular no necesariamente implica la mayor responsabilidad del Estado.
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Notas
[1] El año 2006, al inicio del gobierno Bachelet, se asignaban a vivienda social 20 millones de UF; el 2009, al final de este gobierno y antes del terremoto, esta asignación representó un monto de 60 millones de UF. El año 2010, con terremoto, este gasto tuvo un monto superior a 75 millones de UF, y el 2011 de más de 80 millones. Es decir, los aportes a vivienda social siguieron una línea regular, a pesar del cambio drástico en las circunstancias sociales que atraviesa el país. Fuente: Informe de política habitacional del MINVU (2010-2011) al III Congreso nacional de concejales de Chile.
[2] En lo legislativo y relativo al financiamiento, desde marzo de 2010 se han dictado: Decreto de reasignación presupuestaria de 2010 (Decreto N° 338) para financiar la emergencia; Ley N° 20.455, para financiar la reconstrucción; Ley N° 20.469, que modificó el royalty minero, y Ley N° 20.444, que creó el Fondo de Reconstrucción y estableció incentivos para las donaciones. En: Balance de Reconstrucción, Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 7 de febrero de 2011. Solamente la Ley del royalty representa para nosotros un retroceso y no una fuente de soluciones.
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Las cifras
A partir de esta especie de “leve” política de reconstrucción, el gobierno ha abordado hasta aquí el problema ofreciendo subsidios para dos tipos de soluciones: reparación de viviendas (a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, PPPF) y la construcción de viviendas (a través del Fondo Solidario de Vivienda, FSV, y del Subsidio Habitacional D.S. 40).
La información del Plan de Reconstrucción del MINVU, indica que el número de viviendas dañadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero, fue de 370 mil, pero el número de familias inscrito en el Registro de Damnificados del SERVIU es 288 mil. De ellas, a la vez, han sido validadas o habilitadas para acogerse a los programas de reconstrucción, solamente 220 mil. Para resolver el problema de damnificados por el terremoto del 27 de febrero, el gobierno ha reconocido a estas 220 mil familias como su meta, las que debían postular al proceso (hasta diciembre pasado) y recibir su asignación de subsidio (hasta el 20 de enero próximo).[1]
El proceso de reconstrucción se puede dividir en dos etapas: la asignación de subsidios, que vendría siendo la incorporación de los afectados al proceso; y la reparación y reconstrucción de viviendas, según sea el caso. Siguiendo los datos de Reconstrucción Cómo Vamos (RCV), de las 220 mil habilitadas, a octubre de 2011 solamente habían recibido su asignación de subsidios algo más de 180 mil familias, que representan el 82% de los damnificados habilitados por el gobierno para postular a programas de reconstrucción. Sin embargo, este número de familias sería el 63% de los damnificados totales inscritos (esto es, de los 288mil).
Específicamente en la provincia de Concepción, de una población de algo más de 302 mil familias, se cuenta un total de 47.860 familias damnificadas, de cuyo total las propietarias con inmuebles inhabitables suman 10.463; las inhabitablesarrendatarias, 1.219; y allegadas, 7.650, haciendo un total de 19.332 familias damnificadas en condiciones de viviendas inhabitables. Las familias que perdieron la vivienda representan un porcentaje provincial de 6,4%.[2] Por otro lado, las familias damnificadas en calidad de viviendas reparables suman 28.528. De ellas, se cuenta enpropietarias la cantidad de 25.963, en arrendatarias, 484, y en allegadas, 2.081. Ahora bien, de todas ellas se reconocen como damnificadas inscritas hábiles (que pueden postular) a 40.051, es decir, el 83,7% de familias inscritas. Y si consideráramos que aún falta que se inscriban 6.191 familias damnificadas en la provincia, este porcentaje sería aún menor. En este último recuento oficial, para la provincia se han asignado 37.362 subsidios (el 93% de las familias habilitadas y el 78% del total de inscritas).
Por otra parte, se han iniciado 23.548 obras en la provincia. El gobierno afirma que las obras iniciadas en el total de subsidios corresponden al 63%, pero lo que no dice es que esta cifra se sustenta sobre las reparaciones y no en construcción de viviendas. Y, por cierto, si de reparaciones se trata, RCV considera relativas estas cuentas, pues no hay información de cuánto representa de los costos totales en daños (reparables) sufridos por los damnificados.[3
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Notas
[1] 220 mil familias que el gobierno anunció cubriría totalmente (en la forma de subsidios asignados) en 2011. En diciembre, sin embargo, el ministro de vivienda reconoció que habían cometido un “error” en la estimación real del problema.
[2] Las comunas de esta provincia que presentan más inscritos que los finalmente habilitados como damnificados con vivienda inhabitable, son: Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Tomé.
[3] RCV: Análisis de los datos de la Cuenta Pública del MINVU en Reconstrucción, diciembre de 2011.
El anuncio sucede mientras el gobierno declara cerrada (el 29 de diciembre) la postulación a subsidios para damnificados por el terremoto/maremoto y antes de que se den a conocer las asignaciones definitivas de subsidios, cuyo plazo termina el próximo 20 de enero. Según ello, la respuesta a los problemas de vivienda de los damnificados queda de esta forma definitivamente resuelta, aunque solamente en una fase nominal.
A la prisa y sin previo aviso por parte del gobierno, se utilizará esta política de subsidios de arriendo dirigida a los damnificados en campamentos. Esto puede crear ilusiones de avance, al menos como una buena solución momentánea para quienes viven en mediaguas. De hecho, es difícil encontrar a algún político que haga críticas a su implementación. Sin embargo, ésta como otras iniciativas del Estado, operan bajo la lógica de las políticas capitalistas de acumulación.
Con la intención de abrir una discusión que ayude a esclarecer la lógica de violencia y segregación contra la población por parte del Estado, entregamos en 2 partes algunos problemas para el análisis de esta medida en el marco de la reconstrucción pos terremoto. La primera parte revisa el concepto de reconstrucción y su estado de avance; y en la segunda parte -que publicaremos posteriormente en otra nota-, se aportará algunas reflexiones sobre el propósito de la política de arriendos y la utilización de la catástrofe como oportunidad para agudizar la “guerra” por la tierra del capital contra la población, caracterizada particularmente por la implementación de la política de “seguridad"/represión.
1.-“Política de Reconstrucción”, un concepto contradictorio
Antes de referirnos al tema de arriendos, es necesario esclarecer algunas ideas respecto de la política de reconstrucción, traducida en un financiamiento y en un programa de emergencia. Los dineros en uso actualmente para reconstrucción, no resultan de un fondo tan “especial” ni son el producto de una auténtica legislación que se ponga a la altura del impacto de uno de los terremotos más grandes del mundo. Queremos decir más: al Estado actualmente no le interesa implementar verdaderas políticas de emergencia social para afrontar esta ni cualquier otra catástrofe. En general, podemos afirmar que la política de reconstrucción del gobierno en vivienda no es más que la administración de los fondos sociales ya existentes, es decir, que son relativamente los mismos fondos (las mismas instituciones y más o menos el mismo número de funcionarios) que cada año destina el Estado a vivienda social en condiciones de normalidad.[1] No ha existido en rigor una “política de catástrofe”, sino que se han adaptado los procedimientos para asignar recursos a este efecto. Sus “Programas de Reconstrucción” son financiados con el fondo de reconstrucción, creado a partir de un decreto y de tres leyes.[2]
Quizás es por esta misma liviandad que el gobierno pareciera estar constantemente improvisando, como ocurrió con el puente peatonal de Curanipe, exhibido como símbolo de la reconstrucción y que tuvo un valor de algo más de 47 millones, pero que se cayera literalmente soplado por el viento en diciembre pasado, antes de ser inaugurado.
Pero, al contrario de esta suerte de indolencia, podemos asegurar que el evento sísmico del 27 de febrero sí fue una catástrofe: causó un daño masivo a una extensa población que abarca varias regiones (tres al menos) y, sobre todo, a los más desvalidos; daños que se expresaron en obras viales, servicios, producción y, sobre todo, vivienda. Los que hoy alojan en campamentos, pertenecen a la población más vulnerable y, a la vez, eran los que habían sido llevados a vivir a los sectores más inseguros, como en este caso resultaron ser algunos barrios sociales construidos en bordes costeros. Lo absurdo es que, sin embargo, estas verdaderas trampas mortales permitieron a las empresas inmobiliarias amasar buenas y seguras sumas por concepto de construcción de viviendas sociales, financiadas por el Estado. Por ejemplo, a fines de los ’90 en Talcahuano, tuvo cierta repercusión una discusión municipal acerca de la inconveniencia medioambiental de autorizar la construcción en el borde costero del sector Las Salinas. A pesar de las opiniones científicas que advertían lo inapto del suelo y el gran riesgo de inundaciones, pudieron más los proyectos de barrios sociales junto al mar, los que finalmente se transformaron en poblaciones como San Marcos y Santa Clara, arrasadas por el tsunami con el costo de decenas de vidas. Otra vez los más pobres justificaban y pagaban a los más altos costos esos malos proyectos habitacionales que, en cambio, solamente arrojaban ganancias extras a un sector ya enriquecido. ¿Y qué hizo el Estado al respecto? Nada.
El terremoto deja muchas dudas acerca de la política del Estado en materia de protección de los más pobres, puesto que no queda claro si la “política de reconstrucción” reconoce de manera efectiva a las víctimas y, en particular, a esa parte significativamente dañada que son los erradicados pos terremoto en campamentos de emergencia, que según cifras oficiales son casi tres mil trescientas familias, que se suman a las aproximadamente 25 mil familias ya existentes en campamentos.
Y es que la nula existencia de una política completa y excepcional para reconstrucción tiene un significado concreto en la definición de “damnificado”. Considerando la debilidad de esta política, más allá del discurso formal del gobierno y de la implementación de ciertas medidas de reconstrucción, podemos concluir que el damnificado del 27 de febrero es un individuo cuya condición particular no necesariamente implica la mayor responsabilidad del Estado.
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Notas
[1] El año 2006, al inicio del gobierno Bachelet, se asignaban a vivienda social 20 millones de UF; el 2009, al final de este gobierno y antes del terremoto, esta asignación representó un monto de 60 millones de UF. El año 2010, con terremoto, este gasto tuvo un monto superior a 75 millones de UF, y el 2011 de más de 80 millones. Es decir, los aportes a vivienda social siguieron una línea regular, a pesar del cambio drástico en las circunstancias sociales que atraviesa el país. Fuente: Informe de política habitacional del MINVU (2010-2011) al III Congreso nacional de concejales de Chile.
[2] En lo legislativo y relativo al financiamiento, desde marzo de 2010 se han dictado: Decreto de reasignación presupuestaria de 2010 (Decreto N° 338) para financiar la emergencia; Ley N° 20.455, para financiar la reconstrucción; Ley N° 20.469, que modificó el royalty minero, y Ley N° 20.444, que creó el Fondo de Reconstrucción y estableció incentivos para las donaciones. En: Balance de Reconstrucción, Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 7 de febrero de 2011. Solamente la Ley del royalty representa para nosotros un retroceso y no una fuente de soluciones.
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Las cifras
A partir de esta especie de “leve” política de reconstrucción, el gobierno ha abordado hasta aquí el problema ofreciendo subsidios para dos tipos de soluciones: reparación de viviendas (a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, PPPF) y la construcción de viviendas (a través del Fondo Solidario de Vivienda, FSV, y del Subsidio Habitacional D.S. 40).
La información del Plan de Reconstrucción del MINVU, indica que el número de viviendas dañadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero, fue de 370 mil, pero el número de familias inscrito en el Registro de Damnificados del SERVIU es 288 mil. De ellas, a la vez, han sido validadas o habilitadas para acogerse a los programas de reconstrucción, solamente 220 mil. Para resolver el problema de damnificados por el terremoto del 27 de febrero, el gobierno ha reconocido a estas 220 mil familias como su meta, las que debían postular al proceso (hasta diciembre pasado) y recibir su asignación de subsidio (hasta el 20 de enero próximo).[1]
El proceso de reconstrucción se puede dividir en dos etapas: la asignación de subsidios, que vendría siendo la incorporación de los afectados al proceso; y la reparación y reconstrucción de viviendas, según sea el caso. Siguiendo los datos de Reconstrucción Cómo Vamos (RCV), de las 220 mil habilitadas, a octubre de 2011 solamente habían recibido su asignación de subsidios algo más de 180 mil familias, que representan el 82% de los damnificados habilitados por el gobierno para postular a programas de reconstrucción. Sin embargo, este número de familias sería el 63% de los damnificados totales inscritos (esto es, de los 288mil).
Específicamente en la provincia de Concepción, de una población de algo más de 302 mil familias, se cuenta un total de 47.860 familias damnificadas, de cuyo total las propietarias con inmuebles inhabitables suman 10.463; las inhabitablesarrendatarias, 1.219; y allegadas, 7.650, haciendo un total de 19.332 familias damnificadas en condiciones de viviendas inhabitables. Las familias que perdieron la vivienda representan un porcentaje provincial de 6,4%.[2] Por otro lado, las familias damnificadas en calidad de viviendas reparables suman 28.528. De ellas, se cuenta enpropietarias la cantidad de 25.963, en arrendatarias, 484, y en allegadas, 2.081. Ahora bien, de todas ellas se reconocen como damnificadas inscritas hábiles (que pueden postular) a 40.051, es decir, el 83,7% de familias inscritas. Y si consideráramos que aún falta que se inscriban 6.191 familias damnificadas en la provincia, este porcentaje sería aún menor. En este último recuento oficial, para la provincia se han asignado 37.362 subsidios (el 93% de las familias habilitadas y el 78% del total de inscritas).
Por otra parte, se han iniciado 23.548 obras en la provincia. El gobierno afirma que las obras iniciadas en el total de subsidios corresponden al 63%, pero lo que no dice es que esta cifra se sustenta sobre las reparaciones y no en construcción de viviendas. Y, por cierto, si de reparaciones se trata, RCV considera relativas estas cuentas, pues no hay información de cuánto representa de los costos totales en daños (reparables) sufridos por los damnificados.[3
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Notas
[1] 220 mil familias que el gobierno anunció cubriría totalmente (en la forma de subsidios asignados) en 2011. En diciembre, sin embargo, el ministro de vivienda reconoció que habían cometido un “error” en la estimación real del problema.
[2] Las comunas de esta provincia que presentan más inscritos que los finalmente habilitados como damnificados con vivienda inhabitable, son: Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Tomé.
[3] RCV: Análisis de los datos de la Cuenta Pública del MINVU en Reconstrucción, diciembre de 2011.
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